Esta semana, y como una de las últimas acciones que habrán de implementar los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), previo a que concluyan su encargo el próximo 31 de agosto, en una sesión “secreta” aprobaron un anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, donde se establece un incremento real el 8.1 por ciento, en relación con lo que se les asignó para este 2025. Se supone que debería estar en consonancia con lo que se proyecta será la inflación para el próximo año; y en total avalaron la nada despreciable cantidad de cinco mil 869 millones 743 mil 404 pesos. El asunto es que la mayoría de los togados que votaron a favor ni siquiera formarán parte del próximo órgano jurisdiccional en el país.
Cuestionamiento.
¿Cómo para qué se autoasignan un presupuesto más elevado si ya no formarán parte de la SCJN?, ya que bajo el argumento de que se debe a la inflación del próximo año, esto tampoco es algo que vaya en armonía con la realidad, pues de acuerdo a las proyecciones para 2026 en materia económica, dicha inflación estará cercana al cinco por ciento, por lo que no existe una concordancia entre lo que avaló y lo que se estima ocurrirá a partir de enero del 2026. Si bien la reglamentación interna establece que justo antes de concluir sus funciones tendrán que aprobar un presupuesto, ello no implica que éste tenga que ser desproporcionado, vamos, me parece que por lo menos debió ajustarse a lo que actualmente tienen asignado, y que sean los nuevos ministros los que definan el futuro económico del Poder Judicial en el país. 
Coherencia.
Por cierto, creo que será todo un reto para Hugo Aguilar Ortiz y los togados afines a la Cuarta Transformación, como Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, aplicar eso de la “austeridad republicana” que han pregonado, y en coherencia con eso estarán obligados a disminuir ese presupuesto para el próximo año, ajustarse a la “justa medianía” y desde luego a evitar la “opulencia y el derroche”. Se supone que con la llegada de los nuevos responsables de la justicia en México, se acabará con la opacidad en el Poder Judicial, habrá transparencia y supongo que hasta ahorros, por lo que desde el primer momento en que ocupen su lugar en la sala de plenos, deberán poner en marcha una nueva propuesta financiera para el 2026.
Alimentos.
En este desproporcionado anteproyecto financiero aprobado por la Corte, quedó establecida también una partida por el orden de los 65 mil pesos mensuales para cada uno de los ministros, tan solo para alimentos, así como el apoyo para el alquiler de vehículos. El asunto es que habrá que sumarle que su sueldo bruto es superior a los 206 mil pesos al mes, además de las prestaciones que por ley les corresponden como la compensación garantizada, prestaciones nominales, prima vacacional, gratificaciones anuales y quinquenales, dando un total aproximado por año, por ministro, de entre 3.2 y 3.7 millones de pesos. Esto sin contar el apoyo que reciben los familiares en caso de fallecimiento. Por lo que me parece que más allá del reto profesional que puede representar para los abogados llegar al máximo órgano jurisdiccional del país, creo que también sirve como un objetivo económico por varios años.
Lenia.
La autodenominada “ministra del pueblo”, Lenia Batres Guadarrama, fue quien expuso esto que se votó en “secreto” en la SCJN, dejando en claro que su sufragio fue en contra, y desde luego me parece que hizo bien, si es que se mantiene su coherencia en los próximos años; además, será interesante conocer qué postura asumieron al respecto sus colegas Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, pues Batres no mencionó más nombres de nadie más que haya rechazado el anteproyecto, incluso es probable que ellas dos hayan votado a favor, porque el silencio, hasta hoy, las está delatando.
