La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, (INE) después de la filtración de audios y videos que exhibieron sus relaciones con proveedores,destapó un albañal que durante más de veinte años permaneció oculto detrás de una narrativa de excelencia democrática. Pero su salida no debe convertirse en una puerta de escape para eludir responsabilidades. Claudia Sheinbaum fue contundente al acusarla de «traicionar la confianza del pueblo de México». Una renuncia no borra irregularidades ni es una sanción. Taddei debe ser investigada y, si se acreditan delitos, enfrentar las penas, incluida la prisión cuando proceda. A este escenario se suman las versiones difundidas en periódicos y redes sociales sobre su salida de México rumbo a EUA.
Se pretende presentar este escándalo como resultado de investigaciones periodísticas,cuando las revelaciones surgieron de filtraciones entregadas a determinados medios de comunicación. Una hipótesis que debe investigarse es que los materiales proceden de personas del círculo más cercano a Taddei, con acceso privilegiado a información que difícilmente estaría al alcance de cualquier periodista. Tampoco puede descartarse que su entrega selectiva a medios identificados con posiciones críticas hacia el gobierno federal respondiera a intereses políticos. ¿Estamos ante una investigación periodística o frente a una filtración cuidadosamente dirigida desde el propio entorno de la expresidenta del INE?
Pero sería muy cuadrado concentrar toda la corrupción en Taddei, como si ella hubiera inventado semejante sistema. Lorenzo Córdova, entrevistado por Joaquín López-Dóriga, afirmó que desde hace más de veinte años se conocía la existencia de un mercado oligopólico, integrado por empresas que concentraban las contrataciones electorales. La declaración resulta demoledora. Si conocía semejantes prácticas, ¿por qué durante los nueve años que presidió el INE no buscó terminar con ellas? ¿Qué intereses protegió su permanencia? Y una pregunta que tampoco puede quedar fuera de cualquier investigación: ¿que beneficio obtuvo Córdova la continuidad de ese besquema? 
No se trata de atribuirle responsabilidades penales a Lorenzo Córdova, sino de exigir explicaciones. Su argumento de haber recurrido a Talleres Gráficos de México resulta muy pobre, porque otros materiales electorales continuaron adquiriéndose mediante empresas privadas. El problema tampoco se limitó al INE. El Órgano Interno de Control identificó cinco compañías vinculadas entre sí que, simulando competencia, obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, con presencia en la mayoría de los “organismos públicos locales electorales” (OPLES). Las investigaciones alcanzan prácticamente todo el territorio nacional y comprenden distintas administraciones. ¿Y Durango? Sería ingenuo descartar la posibilidad de que también se hubieran reproducido aquí esas prácticas.
Tampoco debemos caer en la estratagema de ver este asunto en una confrontación entre Morena y la oposición. Taddei mostró actitudes de cercanía con el oficialismo, mientras Córdova ha asumido posiciones identificadas con la oposición. Ninguna conducta resulta justificable cuando se exige imparcialidad. Conviene precisar que Morena no designó directamente a Taddei. La aspirante que públicamente se identificaba como cercana a Morena, y a quien se consideraba favorita para ocupar la presidencia del INE, era Bertha Alcalde Luján, quien finalmente no resultó electa. Ante la falta de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el nombramiento se resolvió mediante insaculación (tómbola), procedimiento en el que resultó seleccionada Taddei. Además, ella había presidido desde 2014 el organismo electoral de Sonora, designada durante la gestión de Lorenzo Córdova, lo que tampoco significa que él la hubiera impulsado.
Pero el problema de las autoridades electorales trasciende la corrupción. Existe también una enorme ineficiencia institucional que, cuando implica omisiones deliberadas, tolerancia o complicidades, termina convirtiéndose en otra forma de corrupción. Durante décadas, los consejeros construyeron una narrativa casi celestial sobre su desempeño. Presumen reconocimientos internacionales, se presentan como ejemplo para otros países y hablan de su trabajo como si fueran personajes impolutos, guardianes incorruptibles de la democracia. Desafortunadamente, una parte de la ciudadanía terminó creyéndoles, aunque la realidad resulta bastante menos generosa.
Una de las obligaciones fundamentales de las autoridades electorales es fomentar la participación ciudadana, cuyos resultados han quedado mucho a deber. No basta con instalar casillas y contar votos; también deben contribuir a fortalecer la cultura democrática y estimular el ejercicio del sufragio. Las cifras resultan elocuentes: en las elecciones intermedias de 2003, 2009 y 2015 la participación ni siquiera alcanzó el cincuenta por ciento, mientras que en la presidencial de 2024 apenas superó el 61 por ciento. Tampoco han conseguido contener la intervención indebida de gobiernos, empresarios, grupos de poder, intereses religiosos y organizaciones criminales en los procesos electorales. Las campañas anticipadas se desarrollan a la vista de las autoridades. María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde documentaron en Dinero bajo la mesa que, en determinadas campañas a gubernaturas, por cada peso declarado podían circular quince sin reportarse.
Y todavía existe una deficiencia democrática más profunda. Las leyes electorales contienen vacíos que terminan favoreciendo a los partidos. Quienes rechazan todas las candidaturas carecen de mecanismos para que su inconformidad produzca consecuencias jurídicas efectivas. Les queda anular su voto o abstenerse, decisiones que no obligan a modificar la oferta electoral. «Quien hace la ley, hace la trampa». Y en México son precisamente los partidos políticos, mediante sus legisladores, quienes elaboran las reglas bajo las cuales después compiten, convirtiéndose simultáneamente en jugadores y autores del reglamento.
Por eso, el escándalo de Guadalupe Taddei debe convertirse en algo más que una investigación sobre contratos y funcionarios. México necesita una verdadera reforma político-electoral que termine con los privilegios, las complicidades, el financiamiento clandestino, la impunidad y los vacíos legales que favorecen a los partidos. Una reforma que garantice autoridades imparciales, fiscalización efectiva, consecuencias para quienes violen la ley y mecanismos que den a los ciudadanos capacidad real de decisión. Porque no podemos seguir sosteniendo una democracia extraordinariamente cara y notoriamente ineficaz.
