¿Es incorrecto que funcionarios públicos de primer nivel en Durango asistan a los partidos del Mundial? La respuesta, aunque incómoda para algunos, es no. Lo verdaderamente cuestionable no es su presencia en un estadio, sino las circunstancias que rodean ese viaje: quién lo pagó, si afectó el cumplimiento de sus responsabilidades y qué mensaje envía a una ciudadanía que enfrenta problemas mucho más urgentes.
En política, tan importante es hacer las cosas bien como demostrar que se hicieron bien.
Y es ahí donde radica el verdadero dilema para Durango. 
Mientras miles de familias enfrentan problemas cotidianos relacionados con la seguridad, la falta de oportunidades, las deficiencias en servicios públicos o las dificultades económicas que todavía persisten, la imagen de funcionarios disfrutando desde un juegos mundialistas puede interpretarse como un símbolo de desconexión con la realidad que vive la mayoría de los ciudadanos.
No porque asistir al Mundial sea un pecado. Sino porque la sensibilidad política exige entender el momento y el lugar desde donde se gobierna.
Los ciudadanos no esperan que sus autoridades vivan encerradas en una oficina las veinticuatro horas del día ni que renuncien a cualquier espacio de recreación. Lo que sí demandan es congruencia. La austeridad que se predica debe reflejarse en la conducta. La cercanía con la gente debe sentirse auténtica. Y la transparencia no puede aparecer únicamente cuando estalla la polémica o cuando se está enunciado un discurso.
Porque cuando la información llega a cuentagotas, las sospechas llenan los vacíos.
Quizá algunos argumentarán que la crítica nace de la envidia o del resentimiento social. Que cualquiera que pudiera costear un boleto para el Mundial haría exactamente lo mismo. Pero ese razonamiento olvida una diferencia fundamental: quien decidió dedicarse al servicio público aceptó también un nivel de escrutinio que no aplica para el resto de los ciudadanos.
Los cargos de primer nivel no son empleos ordinarios representan una responsabilidad política y ética frente a quienes depositaron su confianza —y sus impuestos— en las instituciones.
Por eso, la discusión no debería centrarse en si los funcionarios pueden o no asistir al Mundial.
La verdadera pregunta es otra: ¿supieron leer el ánimo social de la ciudadanía a la que deben servir?
Si el viaje fue pagado con dinero propio, sin utilizar recursos públicos, sin afectar el desempeño de sus funciones y con absoluta transparencia, probablemente no exista reproche legal que hacer. Pero si hubo opacidad, privilegios disfrazados o una preocupante indiferencia frente a los problemas más urgentes del estado, entonces el costo político será inevitable.
Porque la política también comunica a través de los símbolos.
Y mientras algunos celebran goles desde las tribunas más exclusivas del mundo, miles de duranguenses siguen esperando respuestas en temas mucho más importantes que un marcador final.
Al final, el debate no es sobre futbol. No es sobre el Mundial. Es sobre el mensaje que se envía a una sociedad que exige gobiernos más sensibles, más cercanos y más transparentes.
Porque en el servicio público, no todo lo que es legal resulta políticamente prudente. Y no es el Mundial lo que se juzga; es la capacidad de entender a la gente a la que se prometió servir.
