Entre el 2 y el 24 de junio de 2026, las fuerzas federales desplegaron una de las ofensivas más intensas de los últimos meses en Durango. Lejos de tratarse de operativos aislados, la cronología verificada muestra una estrategia sostenida del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para desarticular estructuras criminales mediante cateos, recorridos de vigilancia, persecuciones, recuperación de inmuebles y aseguramientos de armamento de alto poder.
El balance resulta revelador. En apenas 22 días se documentaron 13 operativos, con 23 personas detenidas y el aseguramiento de un arsenal cuya dimensión difícilmente puede considerarse ordinaria.
Más allá del número de acciones, lo que llama la atención es la capacidad de fuego que fue retirada de circulación. El acumulado verificado alcanza: 
• 76 armas largas.
• 15 armas cortas.
• 3 fusiles Barrett calibre .50.
• 11 ametralladoras.
• 6 lanzagranadas o aditamentos lanzagranadas.
• 27 granadas de fragmentación.
• 3,348 cargadores.
• Más de 43 mil cartuchos útiles.
• 26 artefactos explosivos artesanales, además de materiales para fabricar muchos más.
La cifra que quizá mejor dimensiona el fenómeno es la de los vehículos asegurados: 85 unidades, entre automóviles, camionetas y vehículos blindados, además de motocicletas y cuatrimotos utilizadas por grupos criminales. También fueron asegurados drones, radios de comunicación, equipo táctico, chalecos balísticos, cascos, placas antibalas y dinero en efectivo cuyo monto no fue precisado oficialmente.
El episodio de mayor impacto ocurrió el 17 de junio, cuando fuerzas federales aseguraron en una finca rural uno de los arsenales más importantes registrados recientemente en la entidad: 22 armas largas, ocho ametralladoras, un fusil Barrett, dos lanzagranadas, más de mil cargadores y 36 mil cartuchos, además de vehículos y equipo táctico. Por sí solo, este operativo concentró la mayor parte del armamento decomisado durante el periodo.
Otro momento relevante fue la recuperación de la Hacienda San Lorenzo, un predio de aproximadamente 30 hectáreas que, según las investigaciones, había permanecido bajo control de grupos armados. La operación permitió recuperar vehículos blindados y restablecer el control institucional sobre el inmueble mediante un despliegue conjunto del Ejército, la Guardia Nacional y autoridades ministeriales.
La cronología también evidencia que la estrategia federal no se limitó al combate armado. Durante el periodo se realizaron:
• Cateos a inmuebles utilizados para almacenar armamento.
• Desmantelamiento de un laboratorio para fabricar explosivos artesanales.
• Recuperación de propiedades ocupadas por grupos delictivos.
• Operativos carreteros contra contrabando y narcotráfico.
• Patrullajes permanentes en la región serrana.
• Persecuciones derivadas de denuncias ciudadanas y labores de inteligencia.
Sin embargo, el análisis también deja una reflexión importante. Los decomisos representan un éxito operativo para las instituciones federales, pero al mismo tiempo son un indicador del nivel de armamento que las organizaciones criminales habían logrado acumular en territorio duranguense. Retirar más de 43 mil cartuchos, decenas de armas de guerra y vehículos blindados implica reducir temporalmente la capacidad logística de esos grupos; también confirma la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades.
En materia de seguridad pública, los aseguramientos son una fotografía de dos realidades simultáneas: por un lado, muestran una presencia federal más activa y una capacidad creciente para localizar arsenales; por otro, evidencian que la infraestructura criminal en algunas regiones continúa siendo considerable.
Las cifras, por sí mismas, no significan que el problema esté resuelto. Constituyen, más bien, un termómetro del tamaño de la confrontación que se desarrolla en Durango y de la intensidad con la que las fuerzas federales han decidido enfrentarla durante este periodo. La verdadera evaluación llegará cuando estos decomisos logren traducirse en una reducción sostenida de la violencia y en una recuperación permanente del control institucional sobre los territorios donde hoy aún persisten disputas entre organizaciones criminales.
Fuente: https://www.fgr.org.mx/swb/FGR/Estatal
