Hay decisiones políticas que se explican por sí mismas. El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa es una de ellas. Después de más de tres meses de licencia, decidió reincorporarse al cargo y, apenas unas horas después, tuvo que solicitar nuevamente licencia, ahora por tiempo indefinido. Rocha Moya duró alrededor de 34 horas en el cargo. Pero esas pocas horas fueron suficientes para exhibir la fragilidad de su decisión, dejar en evidencia a quienes intentaron atribuirla a Claudia Sheinbaum y volver a colocar sobre la mesa una pregunta que resulta cada vez más incómoda: ¿qué es lo que sabe… por qué tenía tanta urgencia de regresar?
Porque una cosa es necesitar el fuero y otra muy distinta necesitarlo con urgencia. Y ante las circunstancias que rodean al gobernador con licencia, la segunda posibilidad resulta una clara verdad. Sobre Rocha Moya existe una solicitud de detención provisional con fines de extradición por parte de Estados Unidos, relacionada con las acusaciones de vínculos con el crimen organizado. La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación y, hasta ahora, no ha encontrado o recibido elementos suficientes para proceder en su contra. Pero precisamente por eso está investigando. No lo está solapando.
Aquí hay que separar la percepción pública de la responsabilidad jurídica. La vox populi ya juzgó y condenó a Rocha Moya. La percepción sobre su responsabilidad política está prácticamente generalizada y no surgió de la nada. Sin embargo, en un Estado de derecho las acusaciones no sustituyen a las pruebas. La FGR tiene que investigar, encontrar elementos y, si los encuentra, proceder. Si las pruebas acreditan los delitos que se le imputan, Rocha Moya podrá enfrentar las consecuencias y, llegado el momento, un proceso de extradición. Pero México no puede y sobre todo no debe extraditar a una persona únicamente porque otro gobierno la señale. Para eso están las investigaciones, los procedimientos y las pruebas. 
Eso es precisamente lo que algunos opositores parecen no entender o, peor aún, no quieren entender. Durante las primeras horas del regreso de Rocha construyeron una narrativa tan apresurada como conveniente: que volvía con el aval de la Presidenta, que MORENA lo respaldaba y que detrás de la decisión estaba Andrés Manuel López Obrador. Una vez más apareció la fantasía del “maximato”, como si Claudia Sheinbaum no fuera la Presidenta de México, sino una figura subordinada a quien gobernó antes que ella. Los hechos los desmintieron en cuestión de horas. Claudia Sheinbaum dejó claro que desconocía la decisión de Rocha Moya y que, como buena parte de los mexicanos, se enteró por redes sociales. Después consideró que lo mejor para Sinaloa era que volviera a solicitar licencia. Más claro, imposible. Rocha tomó una decisión personal y unilateral, no una instrucción de Palacio Nacional ni una orden llegada desde Macuspana.
Salvo las teorías conspirativas y las mentes calenturientas, no existe un indicio serio de que López Obrador intervenga en las decisiones del gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo que existe es una Presidenta que ha demostrado tener criterio propio y que, en este caso, no dudó en marcar distancia de Rocha Moya. La oposición debería empezar a reconocerlo, aunque eso le quite una de sus historias favoritas para atacar al Gobierno federal. Y tampoco hay que perder de vista la conducta del propio Rocha. Si su situación era tan sólida, si estaba convencido de que las acusaciones carecían de sustento y si no tenía nada que temer, ¿por qué regresar de manera tan precipitada después de tres meses de licencia? ¿Qué cambió? ¿Qué sabía Rocha Moya que los demás no sabemos? ¿Por qué la urgencia de volver precisamente ahora?
No existen pruebas, pero tampoco dudas de que Rocha haya regresado para utilizar el fuero como mecanismo de protección. Ahora tendrá que continuar separado del cargo mientras las instituciones hacen su trabajo. Y ahí no hay que pedir favores, sino exactamente lo contrario: que la investigación llegue hasta el fondo. Que la FGR encuentre las pruebas que tenga que encontrar. Si no existen, que así lo establezca. Si existen, que actúe con toda la fuerza de la ley. Claudia Sheinbaum no tiene por qué cargar con Rocha Moya. MORENA tampoco. Y la #CuartaTransformación mucho menos. Defender la transformación no significa defender a cualquier funcionario señalado, sino permitir que las instituciones funcionen sin consignas, sin persecuciones y también sin impunidad.
Rocha Moya quiso regresar y apenas pudo sostenerlo durante 34 horas. En ese breve episodio quedó claro que no tenía el respaldo de la Presidenta, que su decisión no obedeció a ninguna supuesta orden de López Obrador y que las investigaciones siguen abiertas. La oposición quiso convertir su regreso en una prueba de un inexistente “maximato” y terminó encontrándose con una Presidenta que hizo exactamente lo contrario a lo que pretendían demostrar.
Ahora toca esperar las pruebas. Porque la opinión pública ya emitió su veredicto. La justicia todavía no. Y si la investigación termina encontrando aquello que hoy busca, entonces Rocha Moya tendrá que responder ante la ley. Con fuero o sin fuero.
