El Gobierno Federal, sigue sin quitar el “dedo del renglón” entorno al derecho de las audiencias, con el que se pretende, dicen, que exista la autoregulación de los medios electrónicos de comunicación, para que cuando, a criterio de algún ciudadano, se pueda denunciar una información que carezca de verdad, dejando fuera lo que tiene que ver con una opinión. Es decir, el televidente o radioescucha que sienta que alguna información no contiene lo elementos de credibilidad, podrá quejarse con el representante que designe cada medio, y su queja podrá llegar hasta la Comisión Reguladora de Telecomunicaiones, donde se habrá de determinar qué procede. Todo, me parece, está directamente relacionado a que exista la veracidad desde la perspectiva de Palacio Nacional y de los seguidores de la Cuarta Transformación, porque tanto Claudia Sheinbaum como quienes han diseñado esta reforma, saben que los primeros en expresar su denuncia serán los seguidores morenistas, nombrados en todo este proceso como las “audiencias”, por lo que será muy fácil que en un corto tiempo se llenen los escritorios de la comisión de todos estos expedientes.
Consecuencias.
El problema de fondo no está en exigir que los medios de comunicación sean responsables con la información que difunden, porque esa obligación ha existido siempre y quienes ejercemos el periodismo sabemos que publicar una mentira deliberadamente puede tener consecuencias. El verdadero problema comienza cuando una autoridad termina convertida, directa o indirectamente, en árbitro de la verdad. ¿Quién determinará entonces si una información tiene suficientes elementos de credibilidad? Porque una cosa es demostrar que alguien difundió información falsa y otra muy distinta que una autoridad considere que determinada noticia no corresponde con la versión que tiene el gobierno, y ahí está precisamente el riesgo.
Presión política.
Tampoco resulta difícil imaginar lo que puede ocurrir cuando este mecanismo comience a funcionar plenamente. Basta observar las redes sociales para entender el nivel de polarización que existe actualmente en México; hay seguidores de Morena dispuestos a defender prácticamente cualquier decisión de la Presidenta, de la misma manera que existen opositores que cuestionan absolutamente todo lo que hace el Gobierno Federal. Bajo esas condiciones, las quejas podrían dejar de ser una herramienta ciudadana para convertirse en un instrumento de presión política contra determinados periodistas, conductores o medios de comunicación. Bastará que alguna información moleste a un grupo organizado para promover denuncias de manera sistemática. 
Herramientas.
Hay además algo que parece olvidarse desde el poder, las audiencias tienen actualmente muchas más herramientas para decidir qué información consumir y cuál rechazar, pues ya no vivimos en aquellos tiempos en que dos televisoras y unas cuantas estaciones de radio controlaban prácticamente toda la conversación pública; hoy existen redes sociales, plataformas digitales, periódicos electrónicos, canales de YouTube, podcasts y cientos de espacios donde cualquier ciudadano puede contrastar información en cuestión de minutos. Si un medio pierde credibilidad, la propia audiencia termina castigándolo. Pretender colocar una estructura burocrática que determine qué información cumple con determinados criterios puede convertirse en algo mucho más peligroso que aquello que supuestamente intenta corregir.
Presión.
Claudia Sheinbaum ha insistido en distintas ocasiones que existe libertad de expresión en México y, efectivamente, todos los días escuchamos críticas muy fuertes contra su gobierno. Pero precisamente por eso resulta innecesario avanzar hacia mecanismos que pueden terminar utilizándose para presionar a quienes piensan diferente. Hoy pueden asegurar que nadie pretende censurar periodistas ni controlar contenidos, pero las leyes no deben diseñarse pensando únicamente en quién gobierna actualmente, sino también en quién podría gobernar mañana.
