Las cifras del panorama epidemiológico de adicciones en México plantean un desafío que rebasa los límites de la salud pública convencional para instalarse de lleno en la agenda de la comunicación y el espacio público. Los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) dibujan un escenario donde la complejidad de los hábitos de consumo exige análisis rigurosos, alejados del efectismo mediático y de los discursos dogmáticos que históricamente han caracterizado la conversación pública sobre el tema.
El informe revela un fenómeno contradictorio. Por un lado, se observa una contracción en el consumo de cannabis entre la población de 12 a 17 años, al tiempo que aumenta la prevalencia del uso experimental en adultos hasta alcanzar un 14.6%. Por el otro, irrumpe el avance sostenido de las metanfetaminas y las sustancias sintéticas, cuyo uso en adultos pasó del 0.9% al 1.6%. Este tipo de drogas de alto impacto constituye hoy la causa primaria de internamiento y atención especializada en la mayor parte de las entidades del norte y centro del país.
En el caso de Durango, el diagnóstico local expone la coexistencia de ambos frentes: el cannabis continúa figurando en tres de cada cuatro expedientes de personas en rehabilitación, pero es la metanfetamina o “cristal” la que genera las secuelas sociales y sanitarias de mayor gravedad, con una edad de inicio que se concentra entre los 17 y los 18 años. 
Frente a esta radiografía, el rol de los medios de comunicación y de las plataformas digitales se vuelve crucial. La persistencia de esquemas informativos obsoletos —que dividen de forma simplista las sustancias o recurren al estigma moral— ha reducido la efectividad de las estrategias de prevención. En un ecosistema hiperconectado, donde los jóvenes de entre 13 y 15 años están expuestos a narrativas digitales que estetizan o normalizan el uso de dispositivos de vapeo y nicotina, la respuesta institucional no puede limitarse al eslogan o al boletín reactivo.
La comunicación sobre adicciones requiere trascender la retórica del miedo e incorporar una mirada analítica que contemple los determinantes comunitarios, la salud mental y la falta de oportunidades de desarrollo. Un tratamiento mediático responsable debe fundarse en la evidencia científica, el rigor en los datos y la capacidad de interpelar a las audiencias con mensajes veraces que promuevan la prevención efectiva sin criminalizar ni desinformar. La viabilidad de las políticas de salud pública dependerá, en buena medida, de la claridad con la que la sociedad comprenda y discuta este fenómeno en el terreno de las ideas.
