Hay costumbres tan arraigadas en nuestra sociedad que, por repetirse durante generaciones, terminamos considerándolas normales, aunque detrás de ellas exista una buena dosis de crueldad. El maltrato animal es una de esas prácticas que hemos aprendido a tolerar, justificar y, en ocasiones, hasta celebrar. Pareciera que el sufrimiento de otros seres vivos pierde importancia cuando se disfraza de diversión, tradición o simple entretenimiento.
Desde pequeños hemos presenciado escenas que retratan esa lamentable realidad: niños que apedrean perros, personas que lastiman gatos por diversión, animales abandonados a su suerte o mascotas condenadas a vivir encadenadas, bajo el sol, sin agua ni alimento. Conductas que algunos minimizan como travesuras o descuidos, cuando en realidad reflejan una preocupante ausencia de sensibilidad.
Particular atención merece el comportamiento de los niños hacia los animales. La crueldad deliberada y recurrente durante la infancia puede constituir una señal de alerta sobre problemas emocionales, familiares o de conducta que no debemos ignorar. Diversas investigaciones han encontrado asociaciones entre el maltrato animal y otras manifestaciones de violencia interpersonal. Esto no significa que todo niño que lastima a un animal se convertirá en un adulto violento, pero sí que estas conductas requieren atención, orientación y, cuando corresponda, intervención profesional. La violencia que hoy se ejerce contra un ser indefenso podría formar parte de un patrón que mañana afecte a otras personas, incluso dentro del entorno familiar. 
Y es que nuestra relación con los animales está llena de contradicciones. Nos conmueve el sufrimiento de una mascota en las redes sociales, pero frecuentemente permanecemos indiferentes ante el perro famélico que deambula por nuestra colonia. Condenamos públicamente los actos de crueldad que se vuelven virales, mientras toleramos otros que ocurren prácticamente frente a nuestros ojos.
Por fortuna, esta problemática comienza a ocupar espacios de discusión que durante mucho tiempo le fueron negados. En Durango, el Grupo Parlamentario del PAN sostuvo recientemente un encuentro con protectoras y activistas dedicadas al rescate y bienestar animal, quienes expusieron una realidad que difícilmente puede comprenderse desde la comodidad de un escritorio.
La reunión adquiere relevancia porque permite escuchar a quienes diariamente enfrentan las consecuencias del abandono y la irresponsabilidad humana. Personas que, muchas veces con recursos propios y escaso respaldo institucional, terminan asumiendo obligaciones que deberían compartir la sociedad y las autoridades.
En este contexto, merece atención la participación del diputado Alejandro Mojica, coordinador de la bancada panista y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. Su responsabilidad institucional le permite contribuir a que las inquietudes de las organizaciones protectoras trasciendan el diálogo y encuentren cauces legislativos concretos.
Entre los problemas planteados destacan el abandono, la omisión de cuidados, la violencia sexual contra los animales, los procedimientos de eutanasia y la necesidad de ampliar las campañas de esterilización. Sobre este último punto, durante el encuentro se mencionó que actualmente se realizan alrededor de veinte procedimientos diarios, una cifra cuya suficiencia debe evaluarse frente a las necesidades reales de Durango.
Sin embargo, conviene no confundir las buenas intenciones con los resultados. México dio un paso significativo en diciembre de 2024, cuando se reformó la Constitución federal para establecer expresamente la prohibición del maltrato animal y la obligación del Estado de garantizar su protección y cuidado.
Pero conocemos demasiado bien la distancia que suele existir entre lo que ordenan nuestras leyes y lo que verdaderamente sucede en las calles. Tenemos una larga tradición de producir disposiciones jurídicas que lucen impecables en el papel, pero cuya aplicación se diluye entre la burocracia, la falta de presupuesto y la indiferencia institucional.
Por eso, el verdadero desafío para los legisladores no consiste solamente en aprobar nuevas normas o endurecer sanciones. También deben procurar mecanismos efectivos de denuncia, autoridades capacitadas, procedimientos accesibles, recursos suficientes y responsabilidades claramente definidas.
De poco servirá reconocer constitucionalmente la protección de los animales si denunciar su maltrato continúa siendo un peregrinar entre dependencias, si las autoridades no intervienen oportunamente o si las sanciones jamás llegan.
También sería ingenuo suponer que todo puede resolverse mediante castigos. Necesitamos una transformación cultural que comience en los hogares y las escuelas, donde se enseñe que respetar la vida no debe depender de la especie a la que pertenece.
El acercamiento promovido por la bancada que coordina Alejandro Mojica puede adquirir verdadera trascendencia si las propuestas de las organizaciones se traducen en iniciativas viables, seguimiento institucional y resultados verificables. Esa será, finalmente, la medida de su compromiso.
Porque proteger a los animales no es una extravagancia de quienes sienten especial afecto por las mascotas. Es una expresión elemental de civilidad y responsabilidad colectiva.
Una sociedad que aprende a convivir con la crueldad termina por normalizar también la indiferencia. Y una ley que no protege a quienes carecen de voz corre el riesgo de convertirse, simplemente, en otra promesa escrita sobre papel.
