La detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, acusado de delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones y señalado por la Fiscalía General de la República por presunta traición a la patria, abre un debate que va mucho más allá de su responsabilidad individual. Porque mientras las autoridades actuaron con determinación en este asunto, existen otros expedientes que involucran a personajes cercanos a Morena y que parecen avanzar con una velocidad distinta. Nadie puede cuestionar que se investiguen posibles violaciones a la soberanía nacional, pero tampoco debería resultar incómodo preguntar por qué esa misma contundencia no se observa cuando los señalamientos alcanzan a quienes mantienen vínculos políticos con el partido gobernante.
Criterios distintos.
El caso de Jáuregui merece toda la atención de las autoridades, pues se le atribuye haber permitido la participación de dos agentes estadounidenses en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, sin contar presuntamente con las autorizaciones correspondientes del Gobierno Federal. De comprobarse estas irregularidades, estaríamos frente a conductas sumamente graves que no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia, ya que la soberanía nacional no está sujeta a interpretaciones personales ni a decisiones discrecionales de funcionarios estatales. Por ello, el exfiscal deberá enfrentar el procedimiento establecido por la ley, ejercer su derecho a defenderse y, si las acusaciones quedan acreditadas ante los tribunales, asumir las consecuencias correspondientes. Sin embargo, una cosa es exigir que se castigue cualquier conducta ilegal y otra muy diferente aceptar que la justicia pueda aplicarse con criterios distintos dependiendo de quién sea el acusado.
Rapidez.
Resulta interesante observar la determinación con la que se procedió contra el exfuncionario chihuahuense; las investigaciones derivaron en órdenes de aprehensión y actuaciones tanto estatales como federales, mostrando una capacidad institucional que cualquier ciudadano quisiera encontrar en todos los asuntos relacionados con corrupción, delincuencia organizada o abusos de autoridad. El problema comienza cuando esa eficiencia se contrasta con expedientes que involucran a personajes vinculados con Morena, sobre quienes pesan acusaciones públicas que no siempre parecen traducirse en investigaciones igualmente visibles. No significa que todos los señalados sean culpables, porque también tienen derecho a la presunción de inocencia, pero resulta legítimo exigir que las instituciones actúen con idéntico rigor. 
Confianza.
Si hablamos de traición a la patria, también debemos reflexionar sobre quienes presuntamente han establecido vínculos con organizaciones criminales desde posiciones de poder. Aunque jurídicamente esas conductas no necesariamente configuren ese delito específico, políticamente representan una profunda traición a millones de familias mexicanas que diariamente enfrentan violencia, extorsiones, desapariciones e inseguridad. Un funcionario que eventualmente proteja delincuentes, facilite sus operaciones o utilice instituciones para favorecerlos estaría traicionando la confianza ciudadana y comprometiendo el futuro del país; por eso resulta indispensable que los señalamientos contra algunos políticos sean investigados sin consideraciones partidistas; porque no puede defenderse la soberanía frente a agentes extranjeros mientras se tolera, por acción u omisión, otro tipo de conductas, igual o más peligrosas.
Instituciones.
El Gobierno Federal tiene frente a sí una oportunidad para demostrar que su compromiso con la legalidad está por encima de cualquier interés electoral o partidista. Si César Jáuregui cometió los delitos que se le imputan, deberá responder ante la justicia, sin privilegios ni excepciones; pero exactamente ese mismo principio tendría que aplicarse cuando existan elementos para investigar a funcionarios, exfuncionarios o dirigentes relacionados con Morena. Los mexicanos no necesitamos autoridades capaces de actuar solamente contra determinados personajes; necesitamos instituciones que investiguen con independencia y resuelvan conforme a las pruebas.
