Cuando denunciar se convierte en arma
Hay una línea que la política y la justicia no pueden darse el lujo de borrar: una cosa es proteger a quien denuncia y otra muy distinta es permitir que la denuncia se convierta en un arma.
Sobre esa frontera camina la iniciativa presentada por la diputada priista Dany Soto Hernández, quien propone reformar el Código Penal y la Ley de Educación del Estado para establecer consecuencias frente a denuncias deliberadamente falsas, amenazas y acoso contra docentes, directivos y personal administrativo.
Y aquí comienza lo verdaderamente interesante.
Porque en los últimos años hemos construido —con razón— una cultura donde denunciar debe ser posible, accesible y seguro. Pero en ese esfuerzo también existe un riesgo: que una acusación, por el simple hecho de ser pronunciada, termine funcionando como sentencia social antes de que exista investigación, pruebas y derecho de defensa.
No toda denuncia que no logra probarse es una denuncia falsa. Y esa precisión que plantea Soto Hernández es probablemente la parte más importante de su propuesta.
Porque si vamos a hablar de justicia, hay que hablar de justicia completa.
El estudiante tiene derecho a ser escuchado y protegido. Pero el maestro también tiene derecho a defenderse. El menor merece atención, pero un adulto tampoco puede utilizar a un niño como instrumento para fabricar una acusación. Y una institución educativa no puede convertirse en un tribunal improvisado donde el rumor sustituya a la investigación.
Aquí está el filo del asunto: cuando una acusación falsa destruye la reputación de un docente, no basta con decir después que “no se comprobó”.
La reputación no siempre regresa. La confianza tampoco. Y hay daños que ninguna disculpa administrativa consigue reparar.
Por eso la propuesta de agravar las sanciones cuando adultos utilicen a menores para sostener deliberadamente acusaciones falsas merece ser discutida con seriedad, no desde la defensa automática de un gremio ni desde la sospecha automática hacia quien denuncia.
Porque proteger a los maestros no significa darles impunidad.
Y proteger a los estudiantes tampoco significa quitarle derechos al acusado.
La diferencia entre una democracia madura y una sociedad dominada por la linchadura está precisamente ahí: investigar antes de condenar.
Dany Soto pone sobre la mesa un debate incómodo, pero necesario. Ahora habrá que ver si el Congreso tiene la altura para discutirlo sin etiquetas, sin intereses gremiales y sin convertirlo en otra batalla partidista.
Porque al final, el verdadero objetivo no debería ser proteger al maestro contra el alumno, ni al alumno contra el maestro.
Debería ser proteger la verdad de todos.
Y en política, como en la escuela, hay una lección que nunca debería pasar de moda:
acusar es fácil; demostrar es lo difícil.
Al final en momentos en donde los docentes son más juzgados que apoyados esta iniciativa da luz a la tendencia que lástima a los maestros
