Durante las últimas semanas, algunos comunicadores antagónicos a la Cuarta Transformación construyeron una narrativa sobre un supuesto acuerdo entre Claudia Sheinbaum y Maru Campos. Argumentaban que ambas habían dejado de confrontarse públicamente por que habían realizado un pacto donde una de las condiciones era impedir que Andrea Chávez fuera candidata de Morena a la gubernatura de Chihuahua. La propia Maru Campos terminó por desmentir esa versión al revelar, en una entrevista con Loret de Mola, detalles de la conversación privada que sostuvo con la presidenta en el aeropuerto de Ciudad Juárez.
La gobernadora aseguró que ambas se reclamaron a gritos y que le reprochó a Claudia haberla señalado 19 veces como traidora a la patria. Aseguro que le dijo: “Presidenta, yo no te estoy chingando”. Más allá del lenguaje utilizado, resulta cuestionable que una gobernadora decida ventilar una conversación privada entre dos titulares del Poder Ejecutivo. Particularmente cuando se abordaron asuntos de seguridad nacional y posibles responsabilidades penales. La discreción institucional quedó subordinada a la supuesta necesidad de defender su imagen política.
Sheinbaum confirmó que ambas levantaron la voz, pero aclaró un aspecto fundamental: no había acusado personalmente a Campos de traición a la patria, sino señalado que el gobierno de Chihuahua había permitido una intervención extranjera contraria a la Ley de Seguridad Nacional. La presidenta reveló, además, algo que cambia la interpretación del conflicto. Fue la propia Maru Campos quien responsabilizó a César Jáuregui por la presencia de los agentes estadounidenses y le informó que habían descubierto presuntos actos de corrupción del ex fiscal, incluyendo intereses en casinos. La respuesta de Sheinbaum fue que, si existían pruebas, debía proceder. Incluso facilitó que la gobernadora acudiera ante la FGR. Aquí aparece una de las mayores contradicciones políticas del caso. En un principio, Maru Campos defendió la participación de agentes estadounidenses bajo el argumento de que toda colaboración para combatir el narcotráfico era bienvenida. Posteriormente, cuando surgieron las investigaciones, aseguró que desconocía su presencia y atribuyó la responsabilidad a quien había sido uno de sus colaboradores más cercanos. 
Pero los agentes no pertenecían a la DEA, agencia especializada en el combate al narcotráfico, sino a la CIA, una agencia de inteligencia con antecedentes históricos de espionaje, intervención política y operaciones encubiertas contra otros gobiernos.Tampoco eran funcionarios sin experiencia operativa. Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black habían participado en operaciones militares estadounidenses en Afganistán. Johnston perteneció a las Fuerzas Especiales del Ejército y Black al Cuerpo de Marines. Según información publicada sobre las investigaciones, ambos participaron armados en el operativo realizado en Chihuahua.
La controversia se volvió más delicada cuando fue la propia Fiscalía de Chihuahua la que inicialmente procedió contra Jáuregui, por señalamientos de traición a la patria, antes de la intervención de la FGR. Conviene recordar que la Fiscalía estatal no es un organismoautónomo y mantiene una relación directa con el Ejecutivo de Chihuahua. Existe también un trasfondo político que debemos analizar . Jáuregui tiene una larga trayectoria dentro del PAN y aspiraciones propias en la política. La gobernadora reconoció que le pidió reiteradamente abandonar sus pretensiones de competir por la alcaldía de Chihuahua.Ese antecedente permite preguntarse si las diferencias sucesorias influyeron en el distanciamiento. La posibilidad de que Campos aprovechara la situación para apartar a un aspirante que no formaba parte de sus preferencias políticas es una hipótesis que requeriría pruebas, pero el desacuerdo electoral entre ambos sí quedó públicamente reconocido.
Paradójicamente el 30 de mayo se organizó un acto multitudinario de respaldo a Maru Campos, al que asistieron Vicente Fox, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Ricardo Anaya y otros personajes del panismo nacional. Entonces la presentaban como víctima de persecución política e incluso la proyectaban como posible candidata presidencial para 2030. Ahora, el caso de Jáuregui ha provocado cuestionamientos desde sectores que antes la respaldaban. Militantes panistas como Adriana Dávila y José Luis Luege Tamargo han reclamado para el ex fiscal el mismo respaldo político que recibió la gobernadora. También comunicadores como Ciro Gómez Leyva y analistas como Fernando Belaunzarán han cuestionado, desde distintas perspectivas, su deslinde.
La madrugada de este domingo, Jáuregui fue vinculado a proceso por presunta traición a la patria. El procedimiento judicial abre interrogantes sobre las decisiones tomadas durante su gestión y el conocimiento que tenían sus superiores. El ex fiscal podría explorar mecanismos procesales que implicaran reconocer responsabilidad o aportar información adicional. Habrá que conocer qué decide declarar y si surgen elementos sobre las actuaciones de otros funcionarios. Hasta ahora no está acreditada una responsabilidad penal de Maru. Pero su responsabilidad política puede verse a partir de sus declaraciones, las decisiones de su administración y la relación que mantuvo con el funcionario al que ahora señala.
En contraste, Sheinbaum ha sostenido públicamente que corresponde a las autoridades investigar los hechos y que las diferencias políticas no deben impedir la cooperación institucional entre los gobiernos federal y estatal. Aquella proyección presidencial que algunos sectores del panismo promovieron para Maru Campos enfrenta hoy una controversia que difícilmente imaginaron cuando la presentaban como una de sus principales figuras nacionales. Porque en política los antiguos aliados pueden terminar enfrentados, pero las responsabilidades no desaparecen simplemente porque alguien decida atribuirlas a sus subordinados.
Y en el caso de Maru Campos, esto apenas comienza.
