Demasiado se tardó Guadalupe Taddei en anunciar su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de los múltiples señalamientos sobre presuntos conflictos de interés, contratos millonarios y posibles beneficios a empresarios cercanos. Su permanencia resultaba insostenible ante las evidencias periodísticas que comenzaron a conocerse; sin embargo, sería un error pensar que con su salida termina el problema, porque posiblemente apenas estamos observando la “punta del iceberg” de una institución que necesita recuperar la poca credibilidad que conserva ante millones de mexicanos, precisamente cuando se aproxima uno de los procesos electorales más importantes para el futuro político del país.
Demasiado tarde.
La renuncia debió presentarse desde que comenzaron a documentarse las presuntas irregularidades relacionadas con proveedores del organismo electoral, porque no hablamos de cualquier dependencia, sino de la institución responsable de garantizar que los votos ciudadanos sean respetados. Resulta preocupante que su máxima autoridad haya permanecido en el cargo mientras crecían las sospechas sobre decisiones administrativas y relaciones personales con empresarios beneficiados mediante contratos públicos; aunque corresponderá a las autoridades determinar si existieron delitos, políticamente el daño ya estaba hecho. Taddei pudo evitar un desgaste mayor, pero prefirió resistir hasta que la presión pública terminó por imponerse, y ahora deberá aclararse quiénes participaron en esas decisiones y hasta dónde pudieron llegar los posibles beneficios indebidos.
Campaña.
Claudia Sheinbaum calificó como una buena decisión la separación de Taddei y reconoció que deben investigarse los señalamientos, porque no puede existir ninguna sombra de corrupción sobre el “árbitro” electoral; sin embargo, simultáneamente cuestionó a la oposición por emprender lo que consideró una campaña misógina y machista contra la funcionaria. Evidentemente, cualquier agresión por razones de género debe rechazarse, pero tampoco podemos utilizar ese argumento para descalificar cuestionamientos legítimos sobre el ejercicio del poder; los videos difundidos del hijo de Taddei en París, acompañado de un empresario relacionado con contratos del INE, merecen explicaciones, no descalificaciones automáticas. Una cosa es atacar la vida privada de una mujer y otra exigir transparencia cuando aparecen posibles vínculos entre funcionarios y proveedores gubernamentales. 
Sospechas.
Tampoco podemos olvidar que la llegada de Guadalupe Taddei al INE estuvo acompañada de cuestionamientos sobre su posible cercanía con el oficialismo. Desde su designación existieron dudas respecto a la independencia que tendría frente al Gobierno Federal y Morena, precisamente porque el “árbitro” electoral debe mantenerse alejado de cualquier interés partidista; aquellas sospechas nunca desaparecieron completamente y terminaron por alimentar la desconfianza ciudadana. Cuando una institución encargada de organizar elecciones comienza a generar dudas sobre sus propios intereses, pierde autoridad moral para exigir transparencia, legalidad y confianza a quienes participan en las contiendas electorales.
Sustitución.
La salida de Taddei representa apenas el primer movimiento de una revisión que debería alcanzar contratos, funcionarios, proveedores y mecanismos internos de vigilancia. Sería lamentable que todo terminara con una renuncia utilizada para cerrar políticamente el escándalo, y también será fundamental observar quién ocupará la presidencia del INE, porque sustituir a una persona cuestionada por otra identificada con intereses partidistas solamente profundizaría el problema. México necesita un organismo electoral verdaderamente independiente, particularmente frente a las elecciones de 2027, cuando estarán en juego importantes espacios de poder. La presidenta asegura que no existe una crisis institucional, pero la confianza ciudadana no se recupera mediante declaraciones; se reconstruye con investigaciones, sanciones cuando correspondan y decisiones transparentes.
