A simple vista parecen inofensivas: máquinas de colores, luces intermitentes y la promesa de ganar unos cuantos pesos. Están en pequeños establecimientos y locales comerciales, cerca de donde transitan familias, jóvenes e incluso niñas y niños. Sin embargo, detrás de las llamadas maquinitas tragamonedas puede existir un problema que va mucho más allá del juego: la normalización de las apuestas, la vulnerabilidad económica y la posibilidad de que estos negocios se conviertan en una fuente de ingresos para estructuras criminales.
En Durango, las cifras oficiales muestran que el problema merece atención. De acuerdo con siete comunicados de la Fiscalía General de la República (FGR), entre abril y junio de 2026 fueron aseguradas 87 máquinas tragamonedas durante cateos en la capital del estado y en Santiago Papasquiaro. En cinco intervenciones realizadas en la ciudad de Durango se decomisaron 70 aparatos; en dos operativos en Santiago Papasquiaro, otros 17. 
No se trata de una cifra menor. Son establecimientos que, presuntamente, operaban sin cumplir con las disposiciones legales correspondientes y que motivaron investigaciones por posibles delitos contemplados en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Pero retirar las máquinas es apenas una parte de la tarea.
El primer impacto se encuentra en el terreno social. Estos aparatos pueden acercar las apuestas a personas que no necesariamente se consideran jugadoras, incluidos menores de edad. La posibilidad de obtener dinero inmediato, aunque sea mediante premios pequeños, alimenta la ilusión de que apostar es una forma sencilla de mejorar la economía familiar. Para quienes atraviesan dificultades económicas, esa promesa puede convertirse en una trampa: perder poco a poco dinero que debería destinarse a alimentación, transporte o necesidades básicas.
El segundo riesgo está en el dinero. Cuando las máquinas operan al margen de la regulación, es indispensable investigar quién las instala, quién las abastece, quién cobra las ganancias y a dónde va ese recurso. Si existe participación de grupos delictivos, estos negocios podrían funcionar como fuentes de financiamiento, mecanismos de control territorial o puntos de contacto con otras actividades ilícitas.
Aquí es importante distinguir entre sospechas y hechos comprobados: los comunicados de la FGR documentan los aseguramientos y las investigaciones, pero no demuestran por sí mismos que las 87 máquinas estuvieran vinculadas con la delincuencia organizada. Precisamente por eso, las autoridades deben seguir la ruta del dinero y determinar quiénes están detrás de cada establecimiento.
La dimensión del problema exige coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. No basta con ejecutar cateos, retirar aparatos y cerrar temporalmente locales. Se necesitan investigaciones que identifiquen a propietarios, operadores, proveedores y posibles beneficiarios; además de inspecciones constantes que impidan la reinstalación de las máquinas en otros puntos.
Los 87 aseguramientos representan una acción concreta, pero el verdadero resultado debe medirse por lo que ocurra después: si disminuye la operación irregular, si se desarticulan las redes que la sostienen y si se evita que estos espacios sigan exponiendo a la población a prácticas de juego sin controles adecuados.
Porque el problema nunca ha sido solamente una máquina encendida en la esquina. El problema es quién gana dinero con ella, quién asume las pérdidas y qué estructuras se fortalecen cuando una actividad aparentemente pequeña opera fuera de la ley.
En seguridad pública, atender los síntomas es necesario; investigar las causas y desmantelar las redes que los hacen posibles es indispensable.
