En nuestra sociedad existe una habitual discordancia, nos impacta la muerte de una persona por suicidio, pero frecuentemente no somos capaces de comprender la situación o el sentimiento que pudo anticiparla. Buscamos culpables, inventamos explicaciones, emitimos juicios pero, frecuentemente, convertimos una tragedia en un morboso espectáculo público, el consumo mediático de una tragedia.
La reciente aprobación por unanimidad en el Congreso de Durango de la Ley de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio requiere una reflexión y análisis que trascienda lo legislativo. Estamos frente a un problema de salud pública que exige información, conocimiento científico, sensibilidad y responsabilidad colectiva.
Alejandro Mojica Narváez, actual presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso (JUGOCOPO), presentó desde marzo de 2024, una iniciativa para atender este vacío jurídico. No fue una improvisación. Aquella preocupación fue enriquecida con otras propuestas, para a la postre terminar convirtiéndose en una ley respaldada por todas las fuerzas políticas. 
También existen otros esfuerzos que merecen reconocimiento. El gobierno municipal encabezado por Toño Ochoa implementó la Línea AMA, un mecanismo permanente de atención psicológica e intervención en crisis, bajo la responsabilidad de Ana Terán Torrecillas, directora municipal de Salud Mental. También destaca la participación de la diputada Gabriela Vázquez Chacón y su colaboración con organizaciones civiles como el Centro COGNOS, encabezado por Pamela Morán Nogueira.
Sin embargo, ninguna legislación ni institución será suficiente mientras continuemos interpretando el suicidio desde el tabú, la ignorancia y los prejuicios. Persiste la creencia de que quien muere por suicidio necesariamente enfrentaba problemas económicos o familiares. La realidad es mucho más compleja. El alcoholismo y drogodependencia, la depresión la ansiedad, la esquizofrenia, entre otros trastornos mentales pueden involucrar alteraciones en procesos neurobiológicos relacionados con neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. No existe una explicación química única, pero no se puede ignorar condiciones médicas que requieren atención especializada. Según el INEGI, el 73.1 por ciento de las personas de 15 años o más fallecidas por suicidio en 2024, realizaban alguna actividad económica. Tener trabajo no garantiza bienestar emocional.
Otra manifestación de insensibilidad social es bautizar espacios públicos con expresiones macabras como “puente de la muerte”, por haberse registrado allí conductas suicidas. ¿Qué conciencia colectiva construimos cuando convertimos el sufrimiento humano en un sobrenombre morboso? Esa práctica retrógrada trivializa el dolor y perpetúa el estigma.
Pero hay una responsabilidad particularmente grave Pero hay una responsabilidad particularmente grave que compartimos todos aquellos que tenemos acceso a un micrófono, estamos frente a una cámara o contamos con un espacio para comunicar nuestras ideas. Periodistas, comunicadores, conductores, analistas y creadores de contenido tenemos la misma obligación ética de informar con responsabilidad, respetar la dignidad humana y comprender que la libertad de expresión no nos exime de las consecuencias de nuestras palabras.
Algunos medios han convertido el suicidio en mercancía informativa. Publican recuentos mensuales y anuales, comparan cifras entre periodos y anuncian incrementos como si estuvieran narrando un marcador de fútbol. Pareciera que cada nueva muerte representa un punto adicional en una competencia macabra.
Las estadísticas son indispensables para diseñar políticas públicas, identificar tendencias y evaluar resultados. Pero existe una diferencia enorme entre analizarlas científicamente y utilizarlas como titulares sensacionalistas. Los números representan personas, familias y sufrimientos, no anotaciones deportivas.
En las redes sociales esta perversión adquiere una dimensión económica. El morbo genera clics, comentarios, reproducciones y los codiciados «me gusta». Ese tráfico puede convertirse en ingresos publicitarios. Así, el dolor ajeno termina alimentando un negocio donde la rentabilidad parece imponerse sobre la ética.
Resulta inadmisible publicar fotografías, domicilios, calles, colonias o referencias que permitan identificar a las personas fallecidas. ¿Qué aporta semejante información? Absolutamente nada. En cambio, expone a sus familias a especulaciones, señalamientos y, frecuentemente, a la crueldad de vecinos y conocidos.
¿Dónde quedó la responsabilidad social del periodismo? ¿En qué momento confundimos el derecho a informar con el supuesto derecho a exhibir la intimidad y el sufrimiento de las personas?
Tampoco comparto utilizar eufemismos como «se desvivió» o «autoatentado». El suicidio debe llamarse por su nombre, con precisión y respeto, sin convertir sus circunstancias en espectáculo.
La Organización Mundial de la Salud advierte que la cobertura sensacionalista puede incrementar riesgos entre personas vulnerables. Informar responsablemente no significa ocultar el problema, sino abordarlo desde la prevención y la salud pública.
Considero igualmente indispensable incorporar expresamente la autopsia psicológica en futuras revisiones legislativas. Esta herramienta reconstruye retrospectivamente las circunstancias psicológicas y sociales de una persona fallecida mediante entrevistas con familiares, revisión de antecedentes clínicos, comportamientos y acontecimientos relevantes. Su propósito no es buscar culpables, sino identificar factores de riesgo y patrones que permitan mejorar la prevención, respetando siempre la confidencialidad y el duelo familiar.
La nueva ley representa una oportunidad, pero su eficacia dependerá de su aplicación, los recursos disponibles y el compromiso institucional.
Podemos aprobar todas las leyes que queramos, pero mientras sigamos convirtiendo el sufrimiento ajeno en espectáculo, contando muertes como goles y transformando tragedias en ganancias digitales, estaremos combatiendo el suicidio con una mano y alimentando el estigma con la otra.
