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Por fin… ¿ya basta?

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Si pudiéramos preguntarle a Juan Gabriel, que opina del gobierno de la alternancia, seguramente nos diría: lo que se ve no se pregunta. Primero, habría que tomar en cuenta que, en Durango, el PRI, ha gobernado por más de 100 años. No importa que las diputadas y diputados del PAN, defiendan a José Rosas Aispuro y en especial, el diputado Gerardo Galaviz. Las y los del PRI, se cambian de partido, pero su ADN es el de Plutarco Elías Calles. Por ejemplo, Otniel García Navarro y compañía, hoy fieles devotos de MORENA y más papistas que el papa. Parafraseando al clásico, soy priista y así me moriré.

Por paradójico que parezca, después de más de un siglo de gobiernos del PRI y de la alternancia, encabezada por uno de ellos, fue la gota que derramó el vaso. Una vez, la periodista Margarita Michelena escribió: “los ciudadanos somos nobles, pero no tontos”. Para un partido que gobierna el Estado por más de un siglo, tarde o temprano tenía que hacer crisis. Y no solo fue el llamado gobierno de la alternancia, fueron, la acumulación de muchos sexenios donde hubo promesas de campaña incumplidas. Siendo Durango, uno de los Estados del país más ricos en recursos forestales y mineros, seguimos convertidos en un pueblo con pobreza, pobreza extrema y pobreza alimentaria. En contra parte, tenemos una elite privilegiada que se ha hecho rica al amparo del poder

Como hemos dicho, la clase política local, ha caído en excesos sexenio tras sexenio. Salvo raras excepciones, como sería el caso de Don Ángel Rodríguez Solórzano, quien fuera gobernador interino. Sin duda, el también exrector de la UJED, será recordado por su honradez… no como otros. Los durangueses amamos a nuestro Estado, por eso nos duele lo que actualmente sucede. Otro sexenio como el pasado, por el bien de todos, no se puede repetir. Quienes nos gobiernan deben de entender, que no se puede gobernar con decretos. Hay gobernabilidad cuando se invierten los recursos públicos para el desarrollo de una sociedad. Tal parece, que nuestros impuestos terminaron en la bolsa de valores, desarrollos inmobiliarios, hoteles, en cuentas y propiedades en el extranjero. 

No sabemos a estas alturas, cuál será el costo social y político que se tenga que pagar por el perverso quebranto financiero. No somos Sherlock Holmes o la pantera rosa, pero sospechamos que será prácticamente imposible, el regreso de los miles de millones de pesos que se llevaron. No es posible que seamos uno de los Estados más pobres del país, pero también, de los primeros lugares en corrupción. Es increíble que tengamos una fiscalía anticorrupción que nos cuesta 30 millones de pesos al año y no sirva para nada. No vayamos más lejos: las famosas contralorías estatales que hemos tenido, solo han servido para cubrirles las espaldas a sus jefes. Del oro y la plata, solo vemos a compañías canadienses y peñoles, que se llevan todo. A los ejidatarios solo les dan limosnas y en la mayoría de los casos los despojan de sus propiedades ejidales. 

¿Qué más nos puede pasar como sociedad, para decir ya basta? ¿O solo servimos para pagar impuestos y votar en las elecciones? No quisiéramos parafrasear a Abraham Lincoln: ¿los duranguenses tenemos los gobiernos que nos merecemos? Los ciudadanos tenemos la obligación de pagar impuestos, y quienes los administran, la obligación moral de no robárselos. Los poderes ejecutivo y legislativo,  tienen facultades para emitir decretos, pero nosotros, el derecho de proveer amparos en su contra cuando afectan nuestra esfera jurídica. 

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