Todos los partidos políticos en Durango estaban esperando que legalmente empezara el proceso electoral, que terminará el primer domingo de junio del 2005. ¿Cuánto nos costará la democracia para elegir presidentas y presidentes en 39 municipios? A reserva de que en su momento demos cifras exactas, mencionaremos montos aproximados del gasto de la partidocracia estatal, y todo, para que Durango cambie y todo siga igual.
Para tener una idea de cuánto nos costarán de nuestros impuestos MORENA, PRI, PAN, MC, Verde Ecologista, PT y los nuevos partidos chatarra, serían mínimo 100 millones de pesos. Sin contar lo que corre por debajo de la mesa, todos sabemos cuanto dinero cuesta en realidad, ganar el municipio de Durango, Gómez y Lerdo. Mucho del dinero que se aporta a las campañas en los municipios más importantes del Estado, provienen de grupos y poderes fácticos, para cobrar en su momento las facturas correspondientes.
De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, MORENA tiene un presupuesto de 42 millones de pesos y si hacemos cuentas, esto representa un gasto mensual de 3 millones y medio de pesos. Pero ahí no termina todo: en tiempos electorales aumentan las prerrogativas para las campañas políticas y según el sapo es la pedrada. ¡Ironías de la vida! La partidocracia local tiene secuestrada a la sociedad duranguense, ellos ponen las candidatas y los candidatos, nosotros el dinero para que lleguen al poder y tal parece, parafraseando al clásico: les pagamos para que nos gobiernen mal.
¿Pero sabe usted, qué todo está mal pero es correcto? Tenemos una ley electoral con lagunas y vacíos legales, que permiten todo esto. Por esta razón, la sociedad espera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una verdadera reforma electoral que contemple en serio la revocación de mandato. Si los electores ponen, también que puedan quitar. No es posible que tengamos por ejemplo gobernadores o presidentes municipales que piensan que un estado o un municipio son de su propiedad.
Y ya encarrerado el gato, los partidos son entidades públicas, reciben recursos públicos y ellos viven de los impuestos que pagamos, por ello deberíamos tener el derecho de pedirles cuentas. Pero la realidad no es así: en ocasiones ni siquiera los militantes, pueden hacer uso de ese derecho. Se diga lo que se diga, nunca hemos sabido que las instancias competentes para fiscalizar los gastos de campaña, sancionen a los partidos, candidatas y candidatos. Rectifico: solo lo hacen cuando hay intereses políticos de por medio, solo así funciona la famosa fiscalización.
