El concepto de Población Económicamente Activa -PEA- fue introducido por La Organización de las Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con el INEGI, la PoblaciónEconómicamente Activa -PEA-, se refiere a “todas las personas en edad de trabajar que contaban con una ocupación durante el período de referencia o no contaban con una, pero estaban buscando emplearse”. La PEA en México se considera a partir de los 15 hasta los 64 años de edad. Por lo contrario, la Población Económicamente Inactiva -PEI-, considera a la población sin ninguna actividad generadora de bienes o servicios a los que se les imputa valor agregado, incluye a quienes se dedican, por ejemplo, a estudiar o quehaceres del hogar, y también incluye a quienes ya han salido de la fuerza laboral, como los pensionados y jubilados e individuos que por cualquier razón (salud, invalidez, etc.), no realizan actividad de ningún tipo.
Los indicadores de PEA y PEI son importantes para medir distintas variables, como el índice de desempleo, el bono demográfico (cuando la PEA es mayor que el resto de los grupos de población, es decir, menores de 15 y mayores de 65 años, y que, por consiguiente, pueden trabajar y producir más), o el PIB, en el sentido de que éste último se refiere al valor total de los bienes y servicios que se producen en un país en un período determinado. Por ejemplo, para el tema del desempleo, datos de Gobierno de México tomados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mencionan que para 2024 la tasa de desocupación fue de 2.67% (1.63 M personas), dando a entender que esta población está en edad de trabajar pero no tienen una ocupación generadora de bienes o servicios.
Aunado a lo anterior, el análisis de la PEA puede ser de utilidad para darnos estimaciones sobre la cantidad de población en el ámbito laboral y productivo, contrastada con la cantidad de población que no desempeña ninguna labor productiva y que recibe recursos económicos, como personas pensionadas, becadas o beneficiarias de algún programa social.
De acuerdo con INEGI, en el trimestre julio-septiembre de 2024, la población económicamente activa (PEA) en México fue de 61.4 millones de personas. Hay que dejar en claro que lo producido por este sector poblacional, traducido en impuestos que se destinan al erario, no sólo se utiliza para cubrir las prestaciones, pensiones, becas y programas de apoyo, sino que se reparte para el funcionamiento de la administración pública, por ejemplo, y la garantía de derechos, como servicios de salud o educativos.
Datos de Gobierno de México arrojan que se destinan 2.7 billones de pesos en Programas para el Bienestar en todo el sexenio (anterior); un millón 482 mil 451 personas reciben de manera bimestral en 2024 la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras se entrega a 276 mil 416 beneficiarios y, en resumen, las Pensiones y Programas de Bienestar suman 14 millones 433 mil 422 derechohabientes, con inversión social anual en 2024 de 534 mil 903 millones de pesos. Además, al cierre del año 2020, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) contaba con aproximadamente 4,39 millones de pensionados y jubilados.
Esta información resulta importante puesto que advierte riesgos económicos en dado caso de que se pierda el equilibrio entre ambos sectores. Es preciso mencionar que se necesita un estudio más profundo sobre este tema, puesto que se deben tomar en consideración otras variables. Sin embargo, este pequeño esbozo nos hace notar que, lamentablemente, el país no está generando lo suficiente como para dotar de recursos a la población no productiva, además, hay que considerar un dato, se otorgan recursos a las personas jubiladas de 65 años en adelante, pero la expectativa de vida aumentó, por lo que el tiempo en el que se le dotará de recursos, se extiende. Esto, para el caso de las jubilaciones, pero, para el caso de las pensiones antes mencionadas, los periodos en que se les brinda el recurso pueden variar.
Finalmente, habrá que preguntarnos si el brindar estos recursos afectaría a la distribución de presupuesto para el funcionamiento de la administración pública y la garantía de derechos, como servicios de salud o educativos.
