La detención e imputación de Notarios Públicos en Durango a lo largo de este año al descubrirse redes de despojo, falsificación e irregularidades en el patrimonio de los duranguenses no era el final de la trama, sino apenas el primer capítulo. Hoy se confirma que la podredumbre no terminaba en la Fe Pública: traspasaba las puertas del propio Poder Judicial. La reciente captura en flagrancia del juez de primera instancia, Margarito «N», por parte de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción (FECCED), demuestra que el escándalo notarial y la impartición de justicia comparten la misma raíz de impunidad.
El operativo en el estacionamiento de un autoservicio local tuvo todos los elementos de un thriller financiero y criminal: un maletín con un millón de pesos en efectivo, un juez ofreciendo sobornos a un agente ministerial para reclasificar causas penales y, como cereza del pastel, un arma de fuego sin justificar en el vehículo del juzgador.
Este episodio no se puede leer con ingenuidad. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar entre los folios notariales alterados y los escritorios donde se dicta la ley en la entidad. 
Las tres incógnitas del escándalo
Como ejercicio de rigor periodístico y responsabilidad ciudadana, la detención de Margarito «N» obliga a formular tres preguntas de fondo que la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia deben responder sin ambigüedades:
1. ¿Para qué llevaba una pistola un juez de primera instancia?
Un operador del derecho, cuya única herramienta constitucional debe ser la ley y la pluma, acude a una cita clandestina cargado con efectivo y portando un arma de fuego. ¿Se trataba de un mecanismo de intimidación explícita para la contraparte, de una medida de seguridad personal ante pactos con grupos de poder fáctico, o del estándar operativo con el que se conducen los impartidores de justicia en la entidad? La portación del arma transforma un delito administrativo y penal de cohecho en un escenario de amenaza latente.
2. ¿Qué tan profundo es el socavón de la corrupción judicial y notarial?
Si con los notarios atestiguamos cómo la Fe Pública fue empeñada para validar fraudes y despojos patrimoniales, hoy confirmamos que la Impartición de Justicia estaba dispuesta a reclasificar delitos al mejor postor. ¿Existe un puente directo entre las causas penales que involucran a los notarios investigados y los expedientes que este juez intentaba suavizar mediante el pago del millón de pesos? La trama sugiere que no estamos ante “manzanas podridas”, sino ante una red sistémica donde notarios y jueces operaban como eslabones de una misma cadena.
3. ¿Hasta dónde llega la cadena de mando y cuál es el daño real a la sociedad?
Un juez no saca un millón de pesos del bolsillo de la noche a la mañana ni actúa sin el respaldo de intereses más altos. ¿A quiénes protegía la reclasificación de esas carpetas de investigación? El daño a la sociedad duranguense es incalculable: no solo se habla del patrimonio robado a familias víctimas de los fraudes notariales, sino de la quiebra absoluta de la confianza en las instituciones. Cuando el ciudadano descubre que la justicia se compra en la cajuela de un auto en el estacionamiento de un supermercado, el Estado de derecho deja de existir.
El compromiso de la investigación
La detención realizada por la FECCED es un paso necesario, pero insuficiente si el caso se congela en el eslabón más débil o se resuelve con un chivo expiatorio. La ciudadanía de Durango no exige únicamente el procesamiento de Margarito «N»; exige desmantelar la estructura completa que une a notarios corruptos, litigantes sin escrúpulos y autoridades judiciales vendidas.
La investigación apenas comienza. El seguimiento a la ruta del dinero y a los expedientes que el juez pretendía “limpiar” determinará si las autoridades están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias o si asistimos, una vez más, al teatro de la simulación.
