La corrupción en el Poder Judicial en México es una herida abierta para el común de ciudadanos, la justicia no solo es lenta o costosa, sino también selectiva y profundamente influida por intereses económicos y políticos. En esta institución, cuya misión es impartir justicia de forma imparcial, abundan los excesos y vicios que rara vez favorecen al ciudadano común.
La corrupción judicial se manifiesta de formas alarmantes: desde la venta de sentencias, en la que jueces o magistrados otorgan resoluciones a cambio de sobornos, hasta la manipulación deliberada de procesos. A ello se suman prácticas de nepotismo, clientelismo y decisiones judiciales dictadas por presiones partidistas más que por principios legales.
Entre las causas estructurales se encuentra la falta de independencia real del Poder Judicial. Aunque en papel es autónomo, en la práctica muchos de sus integrantes operan bajo la sombra del poder político o económico. A esto se suma la precariedad en los niveles inferiores del sistema, donde salarios bajos y falta de protección hacen a los funcionarios más vulnerables a la corrupción. Además, la rendición de cuentas es mínima: pocos jueces corruptos son sancionados, y los procesos judiciales suelen ser opacos. Además de la disparidad de sueldo y privilegios entre la esfera del poder y lo que la rodea
Los casos emblemáticos lo evidencian. Las revelaciones del caso Genaro García Luna, exfuncionario ligado al narcotráfico, dejaron al descubierto redes de complicidad judicial. Otro ejemplo son las constantes liberaciones irregulares en casos de delincuencia organizada, donde “fallas procesales” han beneficiado a presuntos criminales. Aunque el Consejo de la Judicatura Federal ha sancionado a algunos jueces, muchos casos quedan sin consecuencias claras.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI refleja esta percepción: el Poder Judicial federal es una de las instituciones con menor confianza pública. La gente cree, y con razón, que la justicia en México está a la venta y es inaccesible para quien no cuenta con poder o dinero.
Sin embargo, este 1 de junio de 2025 se abre una posibilidad inédita: 99.7 millones de mexicanos están llamados a elegir, por primera vez, a 881 cargos judiciales. La elección incluye ministras y ministros de la Suprema Corte, magistraturas del Tribunal Electoral y jueces de Distrito. A pesar de la trascendencia del evento, las proyecciones de participación apenas oscilan entre 8% y 15%.
La baja expectativa obedece a la falta de campañas realmente visibles, la ausencia de apoyo y un proceso que primera vista parece ser echo a vapor,. Pero más allá de estas limitaciones, el proceso representa un parteaguas para democratizar la justicia, la democracia como todo lo relevante es un proceso y en nuestro país estamos en ello
Este momento nos confronta con una disyuntiva: seguir tolerando la corrupción desde la apatía o participar activamente en la transformación del sistema judicial. Lo que nos queda, como ciudadanos, es asumir nuestra responsabilidad y convertirnos en agentes de cambio. La democracia se construye también desde las urnas y la participación
