La reforma constitucional que abrió la puerta para que jueces y magistrados sean electos por voto ciudadano ya es un hecho consumado. El reto ahora es mucho mayor: dejar atrás la euforia de las celebraciones, las fotografías grupales y la excesiva exposición en redes sociales, para enfocarse en lo que realmente importa: dar resultados.
Las campañas de las y los aspirantes transcurrieron con relativa calma, moderación y, en términos generales, apegadas a las reglas. No obstante, hubo quienes buscaron reflectores en entrevistas o incluso recurrieron a cambios de imagen para ganarse simpatías en un proceso en el que, paradójicamente, no existía una competencia abierta.
Hoy, la sociedad duranguense —y en particular quienes han sido víctimas o han visto vulnerados sus derechos— no espera discursos ni poses, sino justicia pronta y expedita, resoluciones apegadas a derecho, independencia en las decisiones y, sobre todo, solvencia moral. Los nuevos integrantes del Poder Judicial no pueden olvidar que estarán bajo el escrutinio público. No para aplaudirles el cumplimiento de su deber, sino para exigir que no caigan en la omisión, la negligencia o la complacencia.
En esta integración del Poder Judicial de Durango —48 personas, tras la renuncia de uno de los designados— hay perfiles que merecen mención. Entre ellos, Senele Soto Rodríguez, con dos maestrías y amplia experiencia en la administración pública; María Magdalena Alanís Herrera, quien ha ganado cada responsabilidad con capacidad y resultados, sin favores ni concesiones; o José Durán Barrera, que desde sus días como asesor jurídico en AMD mostró preparación y constancia. También destacan perfiles de corte social, como Luz María de la Rosa Franco, cuya sensibilidad y formación pueden traducirse en buenas cuentas. A ellos se suman nombres como Brenda Acebedo Castañeda, Marco Aguirre, Erika Flores, Karen Flores y León Hernández, entre otros, que cargan con la expectativa de mostrar que la justicia puede tener un nuevo rostro.
Esta encomienda no es un cheque en blanco. Es una oportunidad histórica para ejercer la justicia con transparencia, con impacto real en la vida de la gente y con la independencia que el Poder Judicial requiere. El éxito —o el fracaso— está únicamente en sus manos.
