
La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 cerró una discusión de alcance nacional, pero abrió un desafío particularmente importante para estados como Durango: conseguir que los recursos disponibles se traduzcan en obras, servicios y respuestas a las necesidades de la población.
En esa discusión, el diputado local del PRI, Ernesto Alanís Herrera, pone sobre la mesa una reflexión que merece atención: más allá de los incrementos anunciados, Durango necesita fortalecer su capacidad de gestión ante la Federación para conseguir recursos adicionales y atender sus prioridades.
Los números ayudan a entender su planteamiento. El gasto federalizado proyectado para Durango asciende a 46 mil 67 millones de pesos, frente a los 43 mil 887 millones aprobados para 2026. Esto representa 2 mil 180 millones adicionales, un crecimiento nominal de 4.97 por ciento. Sin embargo, al descontar una inflación estimada de 3.5 por ciento, el incremento real ronda apenas el 1.42 por ciento.
La diferencia es importante. Porque una cosa es recibir más pesos y otra muy distinta contar con mayor capacidad financiera para responder a las necesidades del estado.
Durango tiene pendientes que no pueden esperar. El sector salud requiere recursos para fortalecer su capacidad de atención; el campo enfrenta dificultades sanitarias y comerciales, particularmente por el gusano barrenador y las condiciones que atraviesan los productores de frijol y maíz. A ello se suman necesidades de infraestructura, carreteras, agua y desarrollo regional.
Frente a este escenario, la postura de Alanís apunta en una dirección concreta: la gestión debe convertirse en una prioridad de gobierno y en una responsabilidad compartida por los representantes populares del estado.
Y aquí hay un elemento que vale la pena destacar. No se trata de esperar a que la Federación distribuya recursos ni de limitar la discusión a señalar lo que falta. Se trata de acudir a las secretarías federales, presentar proyectos, construir acuerdos, insistir en las necesidades de Durango y conseguir que las prioridades locales tengan espacio en las decisiones presupuestales.
El planteamiento también implica dejar de lado las diferencias partidistas cuando se trata de defender los intereses de la entidad. Gobernador, legisladores federales, diputados locales y demás actores políticos tienen una responsabilidad en esa tarea.
En este punto, la reflexión del coordinador priista resulta pertinente: si los márgenes presupuestales son reducidos, la gestión adquiere todavía mayor importancia. No sustituye la obligación federal de atender sus responsabilidades, pero sí puede abrir oportunidades para atraer inversión y recursos extraordinarios.
El presupuesto ya está aprobado. Ahora comienza otra discusión, quizá más determinante para Durango: quiénes están dispuestos a gestionar, tocar puertas y convertir las necesidades del estado en proyectos respaldados por recursos.
Porque los presupuestos se aprueban con votos, pero el desarrollo de una entidad también se construye con capacidad de gestión, acuerdos y resultados.