En mayo del presente año, María Isabel Fernández Saldaña, una mujer de 70 años de edad, acusó a la diputada morenista Victoria Gutiérrez Pérez de abuso laboral, exigirle “moche” salarial y separarla de su empleo para sustituirla por un familiar. La mujer aseguró que durante siete meses la diputada morenista le retuvo cinco mil pesos mensuales de su salario La diputada morenista, es ni más ni menos que la que propuso mandar café de Veracruz a Marte. Esta práctica ilegal, conocida comúnmente en el ámbito político y laboral como “moche” o “cobro de diezmo”, constituye un delito de extorsión, cohecho o concusión cuando es realizada por servidores públicos o políticos que condicionan el empleo de sus subordinados. La ley protege el salario íntegro del trabajador. Ningún jefe, patrón, servidor público o presidente de un partido político puede retener, disminuir o condicionar el pago a cambio de conservar el puesto. En el sector público y en algunos partidos políticos, los que mandan, los jefes, los que deciden a quien contratar y a quien no, aprovechan la necesidad laboral para desviar recursos destinados a sueldos hacía bolsillos personales o campañas. Ante esta situación los afectados deben guardar pruebas, conservar recibos de nómina reales, estados de cuenta, transferencias, mensajes de texto, audios o correos electrónicos donde se exija la devolución del dinero. La denuncia debe presentarse ante la Fiscalía Anticorrupción local o la fiscalía general correspondiente para que se investigue el abuso de poder y la extorsión. Los duranguenses nos acabamos de enterar que, ante la Fiscalía del Estado, denunciaron a Lourdes García Garay, dirigente de Morena en Durango por presunta extorsión laboral. Los quejosos la acusan de que les exigía devolver parte de su sueldo. Las dos denuncias penales contra la dirigente estatal de Morena la acusan de despojar de la mayor parte de su sueldo a dos de sus colaboradores. El pasado 12 de agosto, la diputada de Morena, Dorheny García Cayetano, fue denunciada penalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz por el presunto delito de abuso de autoridad, derivado de señalamientos por un supuesto cobro de “moches” a trabajadores del Congreso del Estado. La carpeta de investigación quedó asentada bajo el número 539/2026. La denuncia surgió después de que un extrabajador legislativo la exhibiera públicamente por presuntamente pedirle un porcentaje de su salario. El 7 de agosto, José Alberto Flores Hernández, excolaborador de la diputada local, difundió un video en redes sociales en el que acusó la existencia de un esquema de cobro dentro de la oficina legislativa. Según su versión, de los 14 mil 700 pesos mensuales que recibía, debía entregar una parte y solo conservaba 5 mil pesos al mes. Que curioso, en menos de tres meses tres casos y los tres protagonizados por jefes, patrones o políticos de MORENA. Las denunciadas jarochas lo hicieron siendo diputadas, precisamente el cargo al que aspira la hoy denunciada Lourdes García Garay, que, con este negro antecedente, aunque Milton Eloir y Mario Medrano la defiendan, la reputación moral que de por si estaba por los suelos, ante esta situación, lo menos que se espera es que la señora presidenta renuncie. Hay una frase de Rocío Nahle que merece quedarse en el centro de la discusión política: ningún funcionario, diputado o dirigente partidista debe cobrarle un porcentaje de su sueldo a un trabajador. La gobernadora de Veracruz fue clara al referirse a los señalamientos recientes sobre presuntas cuotas exigidas a empleados de parte de legisladoras de su partido. En la política sobran acusaciones, versiones y señalamientos que terminan convertidos en munición para la confrontación entre grupos. Cuando se habla del salario de un trabajador, la discusión debe llevarse al terreno de los hechos y de la autoridad correspondiente. Si Lulú García está cobrando “moche” a sus empleados, que se investigue. Pero si esta denuncia es falsa y alguien la está utilizando para golpearla políticamente, que también se acredite. En que va a terminar este vergonzoso asunto, no lo sé, pues no soy adivino, ni juez, ni ministerio público, será la fiscalía general del Estado la instancia encargada de determinar la existencia de hechos constitutivos de delito y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
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